Qué es el procedimiento monitorio

Que es el Procedimiento Monitorio

El procedimiento monitorio es una forma de reclamar una deuda de una manera rápida. Sólo se celebraría un juicio si el deudor no acepta la reclamación y no finiquita el dinero adeudado.

Si la persona que adeuda el dinero decide no pagar en el plazo dispuesto, una resolución podría permitir a la persona que demanda ir a lo que se llama ejecución forzosa, que podría concluir en un embargo de bienes.

En la actualidad, es un procedimiento muy utilizado, ya que te permite reclamar pago de facturas o recibos, entre otras deudas, que afectan a negocios o incluso comunidades de propietarios. Es un procedimiento jurídico que fue creado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. 

Y el éxito de esta figura legal radica en que no necesitas el asesoramiento de un abogado o de un procurador, con lo que el ahorro para el acreedor es notable.

Si no se pagará la deuda, eso sí, y finalmente se fuera a juicio si sería necesaria la asistencia de un letrado.

¿Qué persona lo puede pedir?

Lo puede solicitar cualquier persona que quiera reclamar una deuda de dinero, no otro tipo de deudas que no afecten al área estrictamente económica. De igual manera, en el caso de sea obligatoria la intervención de un juez, tampoco podría utilizarse esta figura jurídica.

Esa deuda debe poder extraerse de manera numérica y tiene que tener una cantidad precisa. También debe ser vencida y tiene el deudor que estar en situación de obligación de pago.

¿Qué tipo de información hay que entregar?

Para solicitar el inicio de un procedimiento monitorio hay que presentar la factura u otros documentos, tipo certificación o telegrama, que acredita esa deuda. Ya sea creado por el acreedor de manera directa, o que tenga el sello o la firma del deudor. Ambos casos pueden ser válidos.

¿Cuáles son los plazos para que se resuelva?

Desde que es aceptada a trámite por la Administración de Justicia, pueden transcurrir una media de más de 6 meses. En ocasiones, hay problemas para encontrar al deudor, que tiene 20 días naturales desde que recibe la notificación para seguir las pautas que la ley determina, en un sentido o en otro.

El deudor podría pagar de manera directa al acreedor, o podría transferir el importe a una cuenta del juzgado creada para ello. 

Si se niega a pagar, se abriría el procedimiento declarativo. Si la deuda es inferior a 6000 euros todo se podría resolver en un juicio verbal. En cambio, si es superior, se podría tener que ir a un juicio ordinario.

¿Qué conclusiones podemos sacar de esta figura?

Según los estudios, el 45% de los deudores terminan pagando, por lo que la utilidad del procedimiento ha resultado positiva. Pero también un importante tanto por ciento acaban en una dilatación del proceso que puede desesperar a los acreedores. 

Y también hay que tener en cuenta que casi el 50% de las reclamaciones presentadas no son admitidas a trámite por el secretario judicial, ya sea por dudas o por no cumplir la normativa referida a este procedimiento. Rechazo, eso sí, que se puede apelar.  

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