Qué es un derecho de petición

El derecho de petición es trámite legal que otorga a los ciudadanos la posibilidad de realizar peticiones a una institución pública. Estas peticiones pueden estar relacionadas con las competencias del organismo al que vayan dirigidas.

Esta facultad le permite a esa persona física o jurídica dirigirse a los poderes públicos para, por ejemplo, dar a conocer una serie de hechos, o pedir una intervención. Es una interesante herramienta para que la ciudadanía participe en impulsar actuaciones en las instituciones cuando no existe otro cauce. 

Existen ciertas restricciones para colectivos como las Fuerzas Armadas, las personas recluidas en prisión  y los Cuerpos militares. 

¿Quién puede ejercer el derecho de petición?

Cualquier persona, sea natural o jurídica, independientemente de su nacionalidad, tiene el derecho de solicitar una petición. Siempre según los criterios fijados por la ley 4/2001, que es la que regula este derecho. Una ley orgánica desarrollada a partir del artículo 29 de la Constitución, que recoge el derecho fundamental de petición. 

¿Cómo puedo ejercerlo?

Las peticiones deben formularse por escrito, con la correspondiente acreditación de la identidad de la persona que lo solicita. Si la petición es colectiva, deberá reunir además las firmas de todas las personas, unida a sus nombres y apellidos. 

En un plazo máximo de tres meses, el órgano correspondiente tienen obligación de contestar y notificar la respuesta. 

En relación a la documentación que se tendrá que aportar, el peticionario deberá aportar los documentos que crea conveniente. 

El organismo que reciba la petición deberá hacer acuse de recibo a la persona interesada. Y, si es necesario, tendrá que remitir al órgano que crea conveniente, en caso de que se estime competente. 

Si se estima que es ajena a las atribuciones que le otorgan los poderes públicos, la petición puede no ser admitida. Este hecho deberá ser notificado a la persona interesada en los siguientes 45 días. 

En el plazo de tres meses se deberá contestar a la petición, incorporando las razones de acceder o no a la petición. 

Y, por supuesto, se podrá interponer un recurso a la respuesta.